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Los objetivos 2030 sobre cambio climático asumidos por el Consejo Europeo el 23-24 de octubre 2014 endurecen las condiciones de gestión de las empresas. Gobierno y empresas tienen que empezar a trabajar

El Consejo Europeo celebrado los 23-24 de octubre aprobó la propuesta de la Comisión de pasar del 20-20-20 el año 2020 a un 40% de reducción de CO2 y un 27% de renovables en 2030. Respecto de la eficiencia, en principio sin definir, tras el Consejo  se plantea un 27% de mejora, y se contempla un 30%. Todo ello se refleja en el documento de conclusiones publicado el 24

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=76&grp=25371&lang=es

El origen de todo esto parte del compromiso de la UE de presentar su contribución a la mejora del cambio climático durante el primer trimestre de 2015, dentro del plazo acordado en Varsovia por las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la intención de lograr un acuerdo global sobre el clima en la reunión a celebrar en París en diciembre 2015.

O sea, queda claro que la presión medioambiental sobre la industria va a seguir muy viva durante 15 años, por lo que me parece conveniente repasar aspectos clave que España tiene que seguir cuidando, impulsando o inventando para no perder competitividad. Para hacerlo más fácil, primero voy a esquematizar y resumir las conclusiones del Consejo UE sobre el CO2 y su comercio, las renovables y la eficiencia, para luego aportar alguna reflexión sobre la situación española, y acabar con  propuestas.

Consejo UE: CO2. Reducción de emisiones y régimen de comercio:

  • El Consejo Europeo ha refrendado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión por lo menos un 40 % en 2030 con respecto a los datos 1990
  • El principal instrumento europeo para alcanzar este objetivo será un régimen de derechos de emisión (RCDE) reformado y que funcione correctamente.
  • La asignación gratuita de derechos de emisión se mantendrá después de 2020 mientras otras economías importantes no realicen esfuerzos comparables
  • El factor anual de reducción del límite máximo de emisiones permitidas pasará del 1,74 % al 2,2 % a partir de 2021.
  • Los indicadores que regirán las asignaciones gratuitas se revisarán periódicamente en función de los progresos tecnológicos en los sectores de actividad respectivos.
  • Se tendrán en cuenta los costes tanto directos como indirectos de las emisiones de carbono, en consonancia con las normas de la UE sobre ayudas públicas.
  • A fin de mantener la competitividad internacional, es importante que las instalaciones más eficientes en estos sectores no tengan que asumir costes de carbono excesivos que den lugar a fugas de carbono.
  • Las asignaciones futuras deberán garantizar una adaptación más adecuada a las variaciones de los niveles de producción en los diferentes sectores.
  • Se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar unos precios asequibles para la energía y de evitar beneficios sobrevenidos.

Consejo UE: Fuentes de energía renovables:

  • Se fija el objetivo mínimo del 27% de cuota de energías renovables dentro del consumo total de energía de la UE en 2030.
  • Este objetivo será vinculante a escala de la UE, sin impedir que los Estados miembros fijen sus propios objetivos nacionales más ambiciosos y apoyen su consecución, en consonancia con las directrices sobre ayudas públicas.
  • La integración de niveles cada vez mayores de energías renovables intermitentes requiere un mercado interior de la energía más interconectado y un respaldo adecuado, que debe coordinarse según sea necesario a nivel regional.

Consejo UE: Eficiencia energética:

  • Se fija a escala de la UE un objetivo indicativo consistente en que la eficiencia energética mejore al menos en un 27 % en 2030 con respecto a las previsiones de consumo energético futuro sobre la base de los criterios actuales.
  • Se revisará antes de 2020, teniendo en mente un nivel del 30 % para la UE.
  • La Comisión propondrá sectores prioritarios en los que puedan cosecharse ganancias significativas de eficiencia energética.

Consejo UE: Realizar un mercado interior de la energía que funcione plenamente y esté plenamente conectado:

  • La Comisión Europea, respaldada por los Estados miembros, tomará medidas urgentes para alcanzar un objetivo mínimo del 10 % de las interconexiones de electricidad existentes a más tardar en 2020, incluso un 15% en 2030, al menos para los Estados miembros que no hayan logrado un nivel mínimo de integración en el mercado interior de la energía, los Estados Bálticos, Portugal y España
  • La Comisión revisará los avances e informará al Consejo Europeo en relación con todas las posibles fuentes de financiación, incluso las posibilidades de financiación de la UE, para garantizar el cumplimiento de dicho objetivo del 10 %.

Los esfuerzos comparables: El reciente pacto CO2 EE.UU-China, que es el que van a defender en Paris 2015, supone para EE.UU un -25% en 2030 respecto de 2005 y para CHINA empezar a bajar emisiones a partir de 2030. Obviamente los esfuerzos no son comparables y si, además, sabemos que las emisiones UE son sólo el 10% del total mundial, y CHINA+EE-UU casi el 50%, ¿se planteará la UE un reajuste de los nuevos objetivos? Ojalá alguien con información crea que si.

Mi primera reflexión marco: El documento vuelve a dejar claro que Bruselas sabe que sus propuestas medioambientales afectan a los precios energéticos y a la competitividad, pero a mi me parece que se van perfilando criterios que le “permiten” sus fuertes posicionamientos medioambientales largo plazo. Algunos ejemplos:

  • El concepto energía competitiva se cubre con el de “precio asequible”.
  • es importante que las instalaciones más eficientes en estos sectores no tengan que asumir costes de carbono excesivos”. Nadie, ni el más eficiente, puede contar con sobrecostes 0, y el cuanto se irá definiendo.
  • Una vez diseñadas las “guidelines” para ayudas públicas en temas medioambientales y energéticos para el periodo 2014-2020, que incluyen su adaptación cara a 2030, Bruselas puede plantear sus propuestas con más tranquilidad puesto que los gobiernos pueden sacar adelante a sus sectores más afectados mediante ayudas públicas legales. (Dediqué el artículo del mes de julio a este tema)
  • Las interconexiones, necesarias para la “integración de niveles cada vez mayores de energías renovables intermitentes”, reciben un impulso importante luego el objetivo de renovables puede subir al 27% en 2030.

Mi visión de España ante estos cuatro criterios:

  • La electricidad “asequible”: Suponiendo que la reforma eléctrica logra el déficit de tarifa 0 y rebaja la factura de las renovables al entorno de los 7.000 Millones €/año, para una demanda final en el entorno de los 235 TWh/año el sobrecoste se va hasta los 30 €/MWh, y así hasta cubrir las primas que faltan hasta el final de vida útil de las tecnologías renovables, unos 150.000 Millones de €.
  • Obligar a pagar al más eficiente por temas CO2: No lo entiendo. Si el mercado de derechos se inventa para obligar a la empresa a reducir emisiones para ahorrar costes, y yo ya he hecho lo más posible, ¿por qué tengo que pagar CO2?¿por existir como empresa, aunque sea eficiente?¿solo para que el mercado CO2 alcance dimensión suficiente?
  • Las ayudas públicas como solución: Es una muy mala solución cara al mercado interior UE de los diversos productos, porque algunos países tienen margen positivo de déficit y otros, como España, están todavía ajustándolo a la baja, luego es previsible que las compensaciones por sobrecostes derivados del esquema medioambiental diseñado por Bruselas sean distintas para empresas comparables según el país. O sea, ¿Dónde queda el mercado único UE, la base de la UE?
  • El mercado interconectado: Las interconexiones suficientes son imprescindibles para que el mercado UE funcione, pero no es la única condición. Supongamos que si funciona, y que Francia absorbe un flujo de renovables españolas, ¿quién pagará esos 30 €/MWh de sobrecoste de la electricidad renovable española?¿alguien piensa que los franceses?. Y al mercado eléctrico UE le pasan otras cosas. Por ejemplo, el precio medio OTC (Platts) enero-septiembre 2014 para el contrato año siguiente ha sido en Alemania de 35,30 €/MWh, en Francia 42,41 €/MWh y en España 48,57 €/MWh. ¿Es esto un mercado entre Alemania y Francia?¿Y la presión a la baja de las renovables sobre los precios en España?

Mi conclusión: La industria básica española y el gobierno llevan años de esfuerzos increíbles para digerir la apuesta renovable, uno intentando déficit 0 y que el precio resulte “soportable” y los otros haciendo lo imposible para pagarlo y seguir vivas, luego quiero pensar ya hay mucha experiencia, y como queda mucho tiempo y las  empresas necesitan visibilidad a largo plazo, lo lógico sería que por fin ambas partes se sienten para llegar a un planteamiento largo plazo analizando a la vez las tres partes clave, lo regulado, el nuevo asunto de las ayudas públicas y el mercado, para que la suma de las tres conduzca a ese precio competitivo con el esfuerzo de todos.

  • La parte regulada: No se trata sólo de los accesos, sino también el CO2, la interrumpibilidad, las condiciones de gestión, el tratamiento de las cogeneraciones, el conjunto de impuestos, centrales y autonómicos, etc. Hay mucho que hablar.
  • Las ayudas públicas: Hay que empezar porque las “guidelines” prevén 14 motivos de ayuda, 65 sectores y empresas en otros 150 sectores. Todo depende de Hacienda, y habrá que convencerles empezando por el CO2 indirecto, que ya está en marcha. Pregunto: ¿Se han hecho las cuentas a nivel sectorial y agregado?. No creo que la suma pueda llegar, ni de lejos, a ser un problema para los presupuestos anuales pero, en todo caso, mucho menos problema para Hacienda que los causados por empresas tendiendo a cerrar.
  • El mercado interconectado: Por supuesto a favor, pero en el día a día en España sigue sin funcionar la lógica de que las eléctricas y la industria básica se relacionen vía contratos largo plazo indexados a variables energéticas globalizadas que tengan en cuenta la situación y mix de las empresas ofertantes y las necesidades y capacidad de compromiso de las industrias consumidoras, que es lo normal en el resto de Europa. Hay que impulsarlos.
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Las emisiones “indirectas” de CO2. Otro palo en la rueda de la competitividad de la industria a partir del 1 de enero

Para aclararnos, el CO2 directo es el que se emite al producir cualquier cosa, y los sectores incluidos en el “comercio de emisiones” saldan su afectación al medio ambiente adquiriendo o recibiendo vía asignación los derechos correspondientes, y el CO2 “indirecto” es el que se emitió al producir lo que compramos, en este caso al producir la electricidad que consumimos. Conceptualmente es lo que pasa con todos los factores de coste, pero el problema surge porque las condiciones de mercado no son las mismas para unos, proveedores eléctricos, que para otros, industria consumidora, y, además, porque hablamos de un mercado, el de emisiones de CO2, aplicado y sobrerregulado en la UE, pero no asumido por la mayor parte de los emisores de CO2 en el mundo.

El objetivo de estas líneas es tratar sobre los cambios a partir de 1 de enero de 2013, porque las empresas eléctricas tendrán ya que comprar vía subasta todos sus derechos de emisión de CO2. Mis conclusiones, planteadas con crudeza desde el principio, son

  • El comercio de derechos de CO2, aplicado sólo en un número muy limitado de países, no sirve, ni de lejos, para solucionar el problema de concentración de CO2 en la atmósfera
  • La base del problema es un esquema regulatorio, de origen Bruselas y asumido por los gobiernos UE, que crea de la nada una herramienta de mercado, el comercio de CO2, y la superpone a otro mercado, el eléctrico, que no existe a nivel UE27, y ni mucho menos a nivel mundial.
  • Así las cosas, al sector eléctrico, no sometido a un mercado real, no le importa comprar CO2, aunque sea caro, porque traslada sin más el coste al cliente, pero la industria consumidora, si sometida a un mercado global, no puede hacer lo mismo, porque el CO2 como factor de coste no está globalizado.
  • Bruselas ha intentado paliar los efectos en la industria intensiva en electricidad vía un sistema de ayudas públicas, a mi juicio un disparate conceptual, en lugar de reenfocar el problema de origen.
  • O sea, otra vez una decisión regulatoria que perjudica a la industria que exporta fuera de la UE y que, según todo el mundo, es la que puede aportar alguna perspectiva de esperanza en esta crisis.

Para explicarme, me voy a someter esta vez al siguiente esquema:

  • Marco mundial CO2: El comercio de emisiones local no sirve a efectos de cambio climático
  • El nuevo esquema de derechos de emisión de CO2 a partir del 1 de enero 2013
  • Las emisiones indirectas y su “solución” vía ayudas públicas
  • Las previsiones correspondientes en los PGE españoles para 2013
  • Resumen y reflexiones
  • Propuesta y conclusión

Marco mundial CO2: El comercio de emisiones local no sirve a efectos de cambio climático: La Cumbre de Doha ha vuelto a poner de manifiesto lo difícil que es avanzar en la acción común para prevenir el exceso de CO2 en la atmósfera. Un resumen “resumen” puede ser que se ha prorrogado el Protocolo de Kyoto, aunque los dos principales emisores, USA, China, siguen fuera, además de India, Brasil, etc, y unos cuantos Imagen5países importantes se han “descolgado” en esta reunión, Rusia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón… Y sigue viva la idea de una nueva propuesta preparada de aquí a 2015, que pueda aplicarse de forma generalizada a partir de 2020.

Para que sea fácil visualizar el problema, he preparado un cuadro con datos que permiten relativizar las cosas y comprobar que en temas como la concentración de CO2 en la atmósfera, o hay acuerdo básico entre países desarrollados y no, o no hay solución. Un simple ejemplo, India, vale para demostrarlo: el incremento de emisiones de India para llegar a emitir sólo la media mundial por persona equivale a toda la emisión de la UE. Es decir, aunque la UE consiguiese la utopía de una economía totalmente libre de emisiones, el CO2 seguirá subiendo en la atmósfera salvo que India se pare. O sea, bien por el liderazgo filosófico europeo, pero soluciones particulares no valen. Incluso van en contra de la propia UE.

El nuevo esquema de derechos de emisión de CO2 a partir del 1 de enero 2013: De forma esquemática, se puede resumir en lo siguiente:

  • Gestión UE 27 de los derechos. Ya no país por país
  • 100% subasta de los derechos necesarios para generación eléctrica, aunque se prevén algunas excepciones en algunos países.
  • Introducción gradual de la subasta para los sectores industriales no expuestos a fugas de carbono (deslocalización), empezando con un 20% de subasta en 2013 para incrementar hasta el 70% en 2020 y el 100% en 2027.
  • 100% asignación gratuita a los sectores expuestos a fugas de carbono. Para decidir el volumen para cada empresa se partirá de un benchmarking con los datos de las instalaciones más eficientes.
  • Todo ello sometido a una reducción lineal del 1,74% anual del límite UE27 de los derechos a asignar y/o subastar, para que los sectores incluidos en el comercio de emisiones emitan en 2020 un 21% menos que su realidad en 2005.

Pensando en el CO2 directo, el concepto “fuga de carbono” demuestra que Bruselas no ha tenido más remedio que reconocer que el comercio de emisiones de CO2 crea problemas de competencia a la industria europea, porque no ha sido asumido por el resto de países clave en las emisiones. Para “solucionarlo” Bruselas primero distingue entre sectores, según su perspectiva de deslocalización y, segundo, y vuelvo a lo del mercado CO2 inventado, Bruselas “calcula” para cada año, en función de objetivos polítizados, cuantos derechos de CO2 se imprimen, como si fuera moneda, y a quién se reparten o subastan después. Ningún mercado real puede funcionar así.

Y respecto del CO2 indirecto, al principio hubo que “acuñar” una realidad: como la electricidad lo impregna todo, la subasta del 100% de los derechos encarecería los costes de producir electricidad en la UE, incremento que se trasladaría inmediatamente a los consumidores, con lo que el comercio de CO2 no induce a las eléctricas a reducir sus emisiones directas pero conduce a que, a partir de 1 de enero 2013, producir cualquier cosa en la UE27 será más caro que un día antes, y más caro que en cualquier otro país sin comercio de emisiones de CO2, la inmensa mayoría. Es decir, una decisión regulatoria, no de mercado, hace que toda la industria europea pierda competitividad según su dependencia de la electricidad.

Las emisiones indirectas y su “solución” vía ayudas públicas: En las emisiones indirectas Bruselas ha respondido de una forma complicadísima, que se concreta en la Comunicación de la Comisión “Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. (C 158/4 Diario Oficial de la Unión Europea 5.6.2012), de la que recojo sólo un párrafo, el 7, aunque el 8 no tiene desperdicio, y una fórmula.

  •  El párrafo 7: En virtud del artículo 10 bis, apartado 6, de la Directiva RCDE, (Régimen de Comercio de Emisión de Gases de Efecto Invernadero) los Estados miembros podrán conceder ayudas estatales en favor de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad (en lo sucesivo, «los costes de emisiones indirectas»), con el fin de compensar esos costes de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales. A efectos de las presentes Directrices, la expresión «fuga de carbono» se refiere a la perspectiva de un aumento en las emisiones globales de gases de efecto invernadero cuando las empresas trasladan la producción fuera de la Unión, al no poder repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el RCDE de la UE sin una pérdida significativa de cuota de mercado o de beneficios.

En resumen, Bruselas reconoce que los sobrecostes eléctricos derivados del comercio de CO2 afectan a la competitividad de la industria, cuya deslocalización provocaría “fuga de carbono”, o sea, aumento de las emisiones porque producir lo mismo fuera de la UE sería más permisivo en temas CO2 y, como solución decide que los estados miembro “podrán conceder” ayudas públicas a las empresas cuyo cierre en Europa podría provocar esa “fuga de carbono”.

O sea, a partir de 1 de enero de 2013 toda la industria europea intensiva en electricidad, eficiente porque lleva décadas compitiendo en mercados globalizados, pasa a depender de ayudas públicas por decisión regulada. Francamente, no entiendo ese giro conceptual según el cual una UE que nació basada en la economía de mercado, y que es adalid en la lucha contra las ayudas en el mundo, pone bajo la etiqueta de empresa subvencionada a toda su industria intensiva en electricidad en lugar de replantear el problema y su solución. Debe ser deformación profesional, pero para mi toda subvención mantenida en el tiempo acaba creando corrupción, y no puedo ver a la industria sometida a ese juego.

  • La fórmula, explicada: Amaxt = Ai t × C t × P t-1 × E × BO BO es la producción media 2005-2011 de lo que se trate, E el benchmarck de consumo de electricidad de ese producto,  Pt-1 el precio del CO2 el año anterior, Ct es la emisión de CO2 por MWh estimada en el país, Ait un coeficiente reductor de los “costes subvencionables incurridos”, 85% en 2013 y 75% en 2020, y Amaxt el importe máximo de la ayuda a la fábrica por ese producto)

La fórmula garantiza que esa subvención no será suficiente para compensar los sobrecostes eléctricos. Sin entrar, al menos hoy, en la “justeza” real de los coeficientes E, C y BO, calculados y administrados, el término Ai empieza por reducir en un 15% en 2013, y un 25% en 2020, lo que pudiera ser el coste optimizado del CO2 indirecto en un producto concreto. O sea, el legislador vuelve a ignorar que es la competencia la determina la eficiencia y, para curarse en salud y garantizar que nadie recibe de más, les recorta a todos la ayuda en ese 15%. Y cara al futuro impone a todas las multinacionales un senda de “empeora”, un -25% en 2020, porque parece que piensan que sólo así reaccionan las empresas.

Las previsiones correspondientes en los PGE españoles para 2013: En la comunicación indicada, el término Amaxt se define, textualmente, como la ayuda máxima que podrá abonarse por instalación en el año t. Subrayo en porque entiendo que la ayuda que corresponda se recibe en el año que también corresponda, luego si todo empieza el 1 de enero de 2013, los PGE españoles 2013 han debido incluir la partida correspondiente, y lo han hecho,- 20.16.771 Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE)-, pero dotándola de sólo 1.000.000 de €.

Prefiero pensar que se trata de un error, porque para cubrir la ayuda, tal como se ha planteado, en España hay que pensar en cifras del orden de 200 Millones de € vía presupuestos, con las empresas soportando a su costa otros 35 Millones de €, ese 15%.

Resumen y reflexiones: En resumen, otro palo más en la rueda de la competitividad de la industria, y otra vez a través de un producto horizontal, la energía eléctrica, cuyo mercado la propia UE reconoce que todavía ni funciona ni de lejos. Y me pregunto: ¿por qué Bruselas se empecina en soluciones que, como el comercio de CO2, no aportan nada significativo cara al objetivo que se pretende, que bajen las emisiones globales de CO2 en el mundo, pero si provocan problemas a la competitividad de sus empresas e impiden una auténtica postura común UE 27 en las cumbres mundiales Cambio Climático?

Es un hecho que sobre ese factor de coste clave, la electricidad, Bruselas van superponiendo directiva tras directiva, de mercado, de eficiencia, de medioambiente, de CO2, de renovables, etc, que conducen en cada país a una suma de sobrerregulaciones, todas “sobrenadando” y afectando al mercado eléctrico, ya complicado de por sí, pero ninguna respetándolo de verdad. Hay voces pidiendo una directiva global para la electricidad, cosa que defiendo, pero Bruselas sigue sin asumirlo. Y esta vez, me pregunto: ¿cómo es posible que Bruselas, que sitúa la Competencia con rango de Vicepresidencia, al mismo nivel que la Justicia, o las Relaciones Exteriores, por ejemplo, desarrolle esta vez una “solución” que convierte a toda la industria intensiva en electricidad en demandante-dependiente de ayudas públicas, olvidando que cualquier subvención contribuye a la anticompetencia por definición?.

Propuesta y conclusión: Para que no parezca que sólo se quejarme, se me ocurre plantear una alternativa: Partiendo de la base de que se quieren controlar todas las emisiones de todos los sectores afectados, crear derechos de emisión de CO2 “serie B”, destinados a cubrir las emisiones indirectas de los sectores “fuga de carbono”, y asignárselos a las empresas en las cantidades que corresponda. Y éstas, cuando toca pagar la factura eléctrica, los entregan a su proveedor eléctrico a medida que consume y éste, a cambio, le descuenta de la factura el CO2 indirecto correspondiente. Y el proveedor eléctrico descuenta esas cantidades de los pagos por subasta, contra la entrega de los derechos serie B del cliente, cerrando así el ciclo para que nadie pueda especular con ellos. Yo creo que funcionaría, y sin un € público.

Seguro que esta no es LA solución, habrá más y mejores, pero creo que permite razonar que no era imprescindible volver a provocar un sobrecoste regulado UE, reconocer que afecta a la competitividad de la industria europea y, para “solucionarlo”, en lugar de pensar en otra cosa que las empresas si puedan asumir sin perder competitividad, crear un esquema de ayudas públicas para unas empresas cuya eficiencia se demuestra a través de su presencia activa a todas horas en mercados globalizados, no gestionando y reclamando ayudas públicas que, por otro lado, no serán ni suficientes ni equitativas.