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Archivo mensual: enero 2013

Las emisiones “indirectas” de CO2. Otro palo en la rueda de la competitividad de la industria a partir del 1 de enero

Para aclararnos, el CO2 directo es el que se emite al producir cualquier cosa, y los sectores incluidos en el “comercio de emisiones” saldan su afectación al medio ambiente adquiriendo o recibiendo vía asignación los derechos correspondientes, y el CO2 “indirecto” es el que se emitió al producir lo que compramos, en este caso al producir la electricidad que consumimos. Conceptualmente es lo que pasa con todos los factores de coste, pero el problema surge porque las condiciones de mercado no son las mismas para unos, proveedores eléctricos, que para otros, industria consumidora, y, además, porque hablamos de un mercado, el de emisiones de CO2, aplicado y sobrerregulado en la UE, pero no asumido por la mayor parte de los emisores de CO2 en el mundo.

El objetivo de estas líneas es tratar sobre los cambios a partir de 1 de enero de 2013, porque las empresas eléctricas tendrán ya que comprar vía subasta todos sus derechos de emisión de CO2. Mis conclusiones, planteadas con crudeza desde el principio, son

  • El comercio de derechos de CO2, aplicado sólo en un número muy limitado de países, no sirve, ni de lejos, para solucionar el problema de concentración de CO2 en la atmósfera
  • La base del problema es un esquema regulatorio, de origen Bruselas y asumido por los gobiernos UE, que crea de la nada una herramienta de mercado, el comercio de CO2, y la superpone a otro mercado, el eléctrico, que no existe a nivel UE27, y ni mucho menos a nivel mundial.
  • Así las cosas, al sector eléctrico, no sometido a un mercado real, no le importa comprar CO2, aunque sea caro, porque traslada sin más el coste al cliente, pero la industria consumidora, si sometida a un mercado global, no puede hacer lo mismo, porque el CO2 como factor de coste no está globalizado.
  • Bruselas ha intentado paliar los efectos en la industria intensiva en electricidad vía un sistema de ayudas públicas, a mi juicio un disparate conceptual, en lugar de reenfocar el problema de origen.
  • O sea, otra vez una decisión regulatoria que perjudica a la industria que exporta fuera de la UE y que, según todo el mundo, es la que puede aportar alguna perspectiva de esperanza en esta crisis.

Para explicarme, me voy a someter esta vez al siguiente esquema:

  • Marco mundial CO2: El comercio de emisiones local no sirve a efectos de cambio climático
  • El nuevo esquema de derechos de emisión de CO2 a partir del 1 de enero 2013
  • Las emisiones indirectas y su “solución” vía ayudas públicas
  • Las previsiones correspondientes en los PGE españoles para 2013
  • Resumen y reflexiones
  • Propuesta y conclusión

Marco mundial CO2: El comercio de emisiones local no sirve a efectos de cambio climático: La Cumbre de Doha ha vuelto a poner de manifiesto lo difícil que es avanzar en la acción común para prevenir el exceso de CO2 en la atmósfera. Un resumen “resumen” puede ser que se ha prorrogado el Protocolo de Kyoto, aunque los dos principales emisores, USA, China, siguen fuera, además de India, Brasil, etc, y unos cuantos Imagen5países importantes se han “descolgado” en esta reunión, Rusia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón… Y sigue viva la idea de una nueva propuesta preparada de aquí a 2015, que pueda aplicarse de forma generalizada a partir de 2020.

Para que sea fácil visualizar el problema, he preparado un cuadro con datos que permiten relativizar las cosas y comprobar que en temas como la concentración de CO2 en la atmósfera, o hay acuerdo básico entre países desarrollados y no, o no hay solución. Un simple ejemplo, India, vale para demostrarlo: el incremento de emisiones de India para llegar a emitir sólo la media mundial por persona equivale a toda la emisión de la UE. Es decir, aunque la UE consiguiese la utopía de una economía totalmente libre de emisiones, el CO2 seguirá subiendo en la atmósfera salvo que India se pare. O sea, bien por el liderazgo filosófico europeo, pero soluciones particulares no valen. Incluso van en contra de la propia UE.

El nuevo esquema de derechos de emisión de CO2 a partir del 1 de enero 2013: De forma esquemática, se puede resumir en lo siguiente:

  • Gestión UE 27 de los derechos. Ya no país por país
  • 100% subasta de los derechos necesarios para generación eléctrica, aunque se prevén algunas excepciones en algunos países.
  • Introducción gradual de la subasta para los sectores industriales no expuestos a fugas de carbono (deslocalización), empezando con un 20% de subasta en 2013 para incrementar hasta el 70% en 2020 y el 100% en 2027.
  • 100% asignación gratuita a los sectores expuestos a fugas de carbono. Para decidir el volumen para cada empresa se partirá de un benchmarking con los datos de las instalaciones más eficientes.
  • Todo ello sometido a una reducción lineal del 1,74% anual del límite UE27 de los derechos a asignar y/o subastar, para que los sectores incluidos en el comercio de emisiones emitan en 2020 un 21% menos que su realidad en 2005.

Pensando en el CO2 directo, el concepto “fuga de carbono” demuestra que Bruselas no ha tenido más remedio que reconocer que el comercio de emisiones de CO2 crea problemas de competencia a la industria europea, porque no ha sido asumido por el resto de países clave en las emisiones. Para “solucionarlo” Bruselas primero distingue entre sectores, según su perspectiva de deslocalización y, segundo, y vuelvo a lo del mercado CO2 inventado, Bruselas “calcula” para cada año, en función de objetivos polítizados, cuantos derechos de CO2 se imprimen, como si fuera moneda, y a quién se reparten o subastan después. Ningún mercado real puede funcionar así.

Y respecto del CO2 indirecto, al principio hubo que “acuñar” una realidad: como la electricidad lo impregna todo, la subasta del 100% de los derechos encarecería los costes de producir electricidad en la UE, incremento que se trasladaría inmediatamente a los consumidores, con lo que el comercio de CO2 no induce a las eléctricas a reducir sus emisiones directas pero conduce a que, a partir de 1 de enero 2013, producir cualquier cosa en la UE27 será más caro que un día antes, y más caro que en cualquier otro país sin comercio de emisiones de CO2, la inmensa mayoría. Es decir, una decisión regulatoria, no de mercado, hace que toda la industria europea pierda competitividad según su dependencia de la electricidad.

Las emisiones indirectas y su “solución” vía ayudas públicas: En las emisiones indirectas Bruselas ha respondido de una forma complicadísima, que se concreta en la Comunicación de la Comisión “Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. (C 158/4 Diario Oficial de la Unión Europea 5.6.2012), de la que recojo sólo un párrafo, el 7, aunque el 8 no tiene desperdicio, y una fórmula.

  •  El párrafo 7: En virtud del artículo 10 bis, apartado 6, de la Directiva RCDE, (Régimen de Comercio de Emisión de Gases de Efecto Invernadero) los Estados miembros podrán conceder ayudas estatales en favor de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad (en lo sucesivo, «los costes de emisiones indirectas»), con el fin de compensar esos costes de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales. A efectos de las presentes Directrices, la expresión «fuga de carbono» se refiere a la perspectiva de un aumento en las emisiones globales de gases de efecto invernadero cuando las empresas trasladan la producción fuera de la Unión, al no poder repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el RCDE de la UE sin una pérdida significativa de cuota de mercado o de beneficios.

En resumen, Bruselas reconoce que los sobrecostes eléctricos derivados del comercio de CO2 afectan a la competitividad de la industria, cuya deslocalización provocaría “fuga de carbono”, o sea, aumento de las emisiones porque producir lo mismo fuera de la UE sería más permisivo en temas CO2 y, como solución decide que los estados miembro “podrán conceder” ayudas públicas a las empresas cuyo cierre en Europa podría provocar esa “fuga de carbono”.

O sea, a partir de 1 de enero de 2013 toda la industria europea intensiva en electricidad, eficiente porque lleva décadas compitiendo en mercados globalizados, pasa a depender de ayudas públicas por decisión regulada. Francamente, no entiendo ese giro conceptual según el cual una UE que nació basada en la economía de mercado, y que es adalid en la lucha contra las ayudas en el mundo, pone bajo la etiqueta de empresa subvencionada a toda su industria intensiva en electricidad en lugar de replantear el problema y su solución. Debe ser deformación profesional, pero para mi toda subvención mantenida en el tiempo acaba creando corrupción, y no puedo ver a la industria sometida a ese juego.

  • La fórmula, explicada: Amaxt = Ai t × C t × P t-1 × E × BO BO es la producción media 2005-2011 de lo que se trate, E el benchmarck de consumo de electricidad de ese producto,  Pt-1 el precio del CO2 el año anterior, Ct es la emisión de CO2 por MWh estimada en el país, Ait un coeficiente reductor de los “costes subvencionables incurridos”, 85% en 2013 y 75% en 2020, y Amaxt el importe máximo de la ayuda a la fábrica por ese producto)

La fórmula garantiza que esa subvención no será suficiente para compensar los sobrecostes eléctricos. Sin entrar, al menos hoy, en la “justeza” real de los coeficientes E, C y BO, calculados y administrados, el término Ai empieza por reducir en un 15% en 2013, y un 25% en 2020, lo que pudiera ser el coste optimizado del CO2 indirecto en un producto concreto. O sea, el legislador vuelve a ignorar que es la competencia la determina la eficiencia y, para curarse en salud y garantizar que nadie recibe de más, les recorta a todos la ayuda en ese 15%. Y cara al futuro impone a todas las multinacionales un senda de “empeora”, un -25% en 2020, porque parece que piensan que sólo así reaccionan las empresas.

Las previsiones correspondientes en los PGE españoles para 2013: En la comunicación indicada, el término Amaxt se define, textualmente, como la ayuda máxima que podrá abonarse por instalación en el año t. Subrayo en porque entiendo que la ayuda que corresponda se recibe en el año que también corresponda, luego si todo empieza el 1 de enero de 2013, los PGE españoles 2013 han debido incluir la partida correspondiente, y lo han hecho,- 20.16.771 Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE)-, pero dotándola de sólo 1.000.000 de €.

Prefiero pensar que se trata de un error, porque para cubrir la ayuda, tal como se ha planteado, en España hay que pensar en cifras del orden de 200 Millones de € vía presupuestos, con las empresas soportando a su costa otros 35 Millones de €, ese 15%.

Resumen y reflexiones: En resumen, otro palo más en la rueda de la competitividad de la industria, y otra vez a través de un producto horizontal, la energía eléctrica, cuyo mercado la propia UE reconoce que todavía ni funciona ni de lejos. Y me pregunto: ¿por qué Bruselas se empecina en soluciones que, como el comercio de CO2, no aportan nada significativo cara al objetivo que se pretende, que bajen las emisiones globales de CO2 en el mundo, pero si provocan problemas a la competitividad de sus empresas e impiden una auténtica postura común UE 27 en las cumbres mundiales Cambio Climático?

Es un hecho que sobre ese factor de coste clave, la electricidad, Bruselas van superponiendo directiva tras directiva, de mercado, de eficiencia, de medioambiente, de CO2, de renovables, etc, que conducen en cada país a una suma de sobrerregulaciones, todas “sobrenadando” y afectando al mercado eléctrico, ya complicado de por sí, pero ninguna respetándolo de verdad. Hay voces pidiendo una directiva global para la electricidad, cosa que defiendo, pero Bruselas sigue sin asumirlo. Y esta vez, me pregunto: ¿cómo es posible que Bruselas, que sitúa la Competencia con rango de Vicepresidencia, al mismo nivel que la Justicia, o las Relaciones Exteriores, por ejemplo, desarrolle esta vez una “solución” que convierte a toda la industria intensiva en electricidad en demandante-dependiente de ayudas públicas, olvidando que cualquier subvención contribuye a la anticompetencia por definición?.

Propuesta y conclusión: Para que no parezca que sólo se quejarme, se me ocurre plantear una alternativa: Partiendo de la base de que se quieren controlar todas las emisiones de todos los sectores afectados, crear derechos de emisión de CO2 “serie B”, destinados a cubrir las emisiones indirectas de los sectores “fuga de carbono”, y asignárselos a las empresas en las cantidades que corresponda. Y éstas, cuando toca pagar la factura eléctrica, los entregan a su proveedor eléctrico a medida que consume y éste, a cambio, le descuenta de la factura el CO2 indirecto correspondiente. Y el proveedor eléctrico descuenta esas cantidades de los pagos por subasta, contra la entrega de los derechos serie B del cliente, cerrando así el ciclo para que nadie pueda especular con ellos. Yo creo que funcionaría, y sin un € público.

Seguro que esta no es LA solución, habrá más y mejores, pero creo que permite razonar que no era imprescindible volver a provocar un sobrecoste regulado UE, reconocer que afecta a la competitividad de la industria europea y, para “solucionarlo”, en lugar de pensar en otra cosa que las empresas si puedan asumir sin perder competitividad, crear un esquema de ayudas públicas para unas empresas cuya eficiencia se demuestra a través de su presencia activa a todas horas en mercados globalizados, no gestionando y reclamando ayudas públicas que, por otro lado, no serán ni suficientes ni equitativas.

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