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Archivo mensual: junio 2012

Regulación y competitividad. Un compromiso ineludible

Últimamente se insiste en que los precios eléctricos españoles, domésticos e industriales, están entre los más altos de la UE, normalmente con fuente Eurostat. La tabla adjunta concreta la información para el 1er. semestre 2011. Como referencia, en España el consumo doméstico supone el 35%  del total, y el de ese rango de consumidores industriales alrededor del 25%, que se eleva al 50% dentro el consumo en alta tensión, asimilable al consumo del tejido productivo.

La información, antes de impuestos, es altamente preocupante, porque comprobamos que consumidores y empresas tenemos que pagar más por la electricidad que la mayor parte de nuestros semejantes europeos, estén por encima y por debajo de nosotros en términos de desarrollo y renta por cabeza, pero a mi juicio esta información hay que complementarla con su propia evolución en el tiempo, para ver si las cosas están yendo a mejor o a peor.

Para ello, voy a partir de la misma fuente Eurostat cubriendo el periodo 1999-2011, rango de años importante porque coincide con la puesta en marcha del euro. Aunque a partir de 2007 Eurostat cambia de referencias de ese consumidor industrial de un consumo de 2.000 MWh/año a un rango de 500-2000 MWh/año, como
las posibles diferencias ocurren en todos los países, las conclusiones sobre tendencias siguen siendo válidas.

El primer resultado es el primer gráfico adjunto, pero la maraña de líneas, 27, una por país, dificulta el análisis y, por ello, he seleccionado un conjunto de países significativos para nosotros, Francia y Alemania porque son nuestros referentes en renta e industria, y con los que tenemos que competir “por arriba”, Polonia porque es el grande de los países Peco, y una referencia de los países con los que tenemos que competir “por abajo”, Portugal porquees nuestro “vecino ibérico”, y para el que somos su primer mercado, y el Reino Unido, porque es la “otra” isla eléctrica dentro del mercado eléctrico UE.

Y el resultado es que, a lo largo de los “años €” hemos pasado de estar entre los mejores  a sufrir la electricidad más cara de ese conjunto de países, sea en casa o como factor de coste para la empresa y, si nos centramos en ésta última, como España está eléctricamente aislada, la empresa tiene que comprar dentro. No puede ir a donde esté más barata, como hace con el resto de sus compras,  con lo que la pérdida de competitividad es evidente, y no es necesario insistir en sus consecuencias cuando lo que más necesita la  España económica es equilibrar sus cuentas exteriores.

Pero hay que acordarse del déficit de tarifa, que surge y crece porque los precios finales no han incorporado la totalidad de los costes regulados reconocidos. Así hemos llegado a ese déficit de 24.000 Millones de €, que equivalen al +/- 70% de la factura eléctrica anual española total, luego si el déficit no se hubiese producido, la diferencia de nuestros precios se haría galáctica. No cabrían en el gráfico. Probablemente este dato explica la preocupación del Ministro Soria, que necesita que ese déficit tienda a desaparecer para que las eléctricas sigan invirtiendo en España pero, a la vez, tiene que conseguir que la economía española recupere la competitividad perdida.

Y, ¿donde hay que buscar el origen del poblema, en el precio del producto en el mercado,  o en el coste de “llevarlo a casa”, como ocurre con cualquier otro producto, sean lechugas o automóviles?. Para contestar propongo el siguiente gráfico, elaborado por OMEL, que, durante casi el mismo periodo de tiempo, recoge los precios medios trimestrales de los principales mercados eléctricos europeos y se comprueba que los precios eléctricos de los mercados europeos, salvo puntas coyunturales, tienden a oscilar en paralelo y, poco a poco, a converger, mientras que los precios finales, los reflejados en los otros dos gráficos, una vez sumados los costes derivados del transporte, distribución, en electricidad regulados, y las derivados de decisiones políticas, aparecen diferencias más amplias y crecientes.

Luego el origen del problema hay que buscarlo, fundamentalmente, en el peso sobre los precios de la parte regulada antes de impuestos, que en la UE todavía sigue respondiendo a decisiones internas de cada país, que son las que están ampliando las diferencias de precios mientras los mercados tienden a converger. Dicho de otra manera, los gobiernos de los distintos países parece que tienen sensibilidades distintas respecto de la competitividad final de los precios eléctricos a la hora de adoptar decisiones regulatorias que se sumarán a los precios de mercado.Y si en España los precios finales han subido más que en otros países, y el precio de mercado es parecido, parece claro que nuestros reguladores  han demostrado menos sensibilidad a la competitividad del precio eléctrico que sus colegas en el conjunto de decisiones a la hora de liberalizar el sector eléctrico, al diseñar el mercado y la forma de sus subastas, al  desarrollar el esquema de financiación de la apuesta renovable, al repartir el poder con las CC.AA, incluso al “inventar” el déficit de tarifa como pseudosolución, en lugar de atajar los orígenes del exceso de coste, por poner algunos ejemplos de regulación muy influyente en los precios finales.

Y los sobrecostes resultantes, ¿tienden a bajar o a crecer? Desgraciadamente, mi respuesta inmediata es negativa, porque el peso de todos esos conceptos sigue vivo tras haber provocado sobreregulación cortoplacista que tampoco ayuda, con lo que la tendencia “natural” del diferencial de nuestros precios finales es a seguir creciendo. O sea, el enorme problema al que se está enfrentando el Ministro de Industria, porque si la solución a esa regulación excesivamente cara sigue siendo que la paguen los consumidores de electricidad, adiós competitividad y adiós corrección del déficit de tarifa eléctrica.

Y adiós a no se cuantas cosas más, porque un país grande y desarrollado como España no puede pretender que sus ciudadanos mejoren su nivel de vida, estado de bienestar incluido, sin unos precios eléctricos competitivos que garanticen exportación y atraigan inversión productiva, y sin un un sector eléctrico potente que, a esos precios, garantice inversiones y seguridad de suministro.
En definitiva, y sea cual sea el producto, bien o servicio, lo que se demuestra imprescindible es que nuestros reguladores y Gobierno tienen que asumir definitivamente que la globalización no solo obliga a las empresas a ser competitivas, sino también a ellos, que tienen que competir con sus colegas del resto del mundo a la hora de decidir y regular cualquier cosa que afecte a los precios, y con extremo cuidado en factores de costes locales totalmente horizontales, como la electricidad, y todavía más en términos de moneda única.
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La gestión de demanda, la competitividad y la seguridad del sistema eléctrico.

Desde hace tiempo se viene reclamando insistentemente la necesidad de desarrollar sistemas de gestión de demanda eléctrica, incluso a nivel ciudadano pero, a la vez, se denuncia por inútil el único con experiencia demostrada, el esquema de gestión de demanda que  mantienen, previo contrato con Red Eléctrica de España (REE), unas 150 empresas industriales. Me refiero a la llamada interrumpibilidad, que incluye otras fórmulas de gestión de demanda como es la cesión de potencia programada, fundamentalmente en horas punta, la llamada modulación.

Está claro que quien esté en el origen de esos comentarios negativos olvida, o ignora, cual fue el motivo por el que el sistema eléctrico español, antes que nadie en Europa, incorporó a su esquema tarifario la gestión de demanda de la gran industria, si la experiencia se ha demostrado útil y si las condiciones eléctricas españolas actuales aconsejan mantener el esquema.

En cuanto al motivo, la gestión de demanda se crea en los primeros años 80 como punto de encuentro de dos necesidades: por parte del Gobierno encontrar con urgencia solución a la escasez de potencia instalada, debido a las repetidas crisis del petróleo de los 70, a los problemas financieros de las empresas eléctricas y a la moratoria nuclear, y todo cuando nos íbamos a incorporar al Mercado Común, 1986, de lo que se esperaba un fuerte impulso al crecimiento, demanda eléctrica incluida.

Para la industria, el Mercado Común iba a suponer nada menos que aprender a vivir en un nuevo marco que ya no encarecería las importaciones vía aranceles e impuestos indirectos no neutros, ni apoyaría las exportaciones por la devolución de esa imposición indirecta no neutra. Es decir, competencia rabiosa y brusca teniendo como nuevos “colegas” a empresas punteras a nivel mundial, ya hechas a competir sin apoyos, y deseando entrar en un gran mercado tan prometedor como el español.

Tras muchos análisis previos de estructuras comparadas de coste “país”, puertos, carreteras, combustibles, electricidad, servicios bancarios, convenios laborales, materias primas locales etc, la conclusión fue clara: el Gobierno tendría que equiparar los costes regulados a los europeos y las empresas y sectores tendrían que acometer las reestructuraciones y ajustes de tamaño, empleo y condiciones laborales necesarias.

La industria electrointensiva, en parte ya inmersa en reconversiones y ajustes público-privado por exigencia europea, planteó al Gº la necesidad de ajustar las tarifas eléctricas a las vigentes en los países con mayor peso industrial y, tras negociaciones rápidas, se llegó a una solución común: para rebajar la punta de demanda ante la caída de perspectivas de nueva potencia, las tarifas industriales incorporarían complementos a favor de la reducción de consumo en horas punta de forma programada; para hacer más eficiente el sistema, se impulsaría el consumo en horas valle; para mantener la garantía de suministro, se creó la interrumpibilidad, paradas sin programar con preavisos mínimos, que también cubriría problemas en las líneas además de fórmulas a favor de la gestión de energía reactiva. Todos ellos eran progresivos, relacionando esfuerzo a favor del sistema con compensación económica a la empresa.

¿Fue eficaz? En términos generales, y tras varios retoques normativos y de ajustes internos de sectores y empresas, éstas ofrecieron alrededor de 4.500 MW interrumpibles en todo momento, más del 10% de la demanda máxima del sistema y, de ellos, alrededor de la mitad “modulables”, cedidos de forma programada por lo menos todas las horas punta del año, además de algunas soluciones en potencia reactiva, algunas en el BOE y otras “voluntarias”, en ensayo y sin retribución. En términos individuales, aparecieron empresas capaces desde ofrecer hasta el 100% de su potencia, o sea parada total incluso con preaviso de sólo 5 minutos y/o de trabajar prácticamente sólo en horas valle, agosto incluido, y no fueron excepción comités de empresa que aceptaron llevar el calendario eléctrico al convenio colectivo, o empresas con máximos mensuales de producción en agosto, mes 100% valle. Destacable sin duda la predisposición positiva de empleados y empleadores para asumir los cambios organizativos necesarios.

En cuanto a la aplicación práctica, el periodo 2001/2009 resulta significativo. Con el sector eléctrico ya liberalizado REE, además de contar con la cesión de potencia programada, aplicó 39 veces la interrumpibilidad regulada y otras medidas voluntarias, tras agotar todas las opciones entre generadores y líneas. La situación llegó a tales extremos que en el 83,  una vez agotada la interrumpibilidad, REE tuvo que pedir a los distribuidores cortar suministro a consumidores “normales” en áreas concretas de Madrid y Valencia, para evitar ceros inminentes en el sistema, lo que da pleno valor a las otras 38 ocasiones de aplicación de interrumpibilidad.

Desde entonces REE sigue contando con la cesión de potencia en horas punta, y no ha solicitado nuevas interrumpibilidades, salvo las de prueba del sistema, pero también es cierto que nos encontramos con un sector eléctrico sometido a un caos inimaginable, de muy difícil solución salvo consenso y con muchas aristas, de entre las que quiero destacar dos, los precios desde la perspectiva de la necesaria competitividad de nuestro país y la seguridad  “full time” del suministro de electricidad.

Y nos encontramos con que también ahora, como hace 30 años, los precios eléctricos industriales españoles están fuera de competitividad, habiendo pasado en la época € de entre los mejores a entre los peores de la UE, y todo por causa regulatoria por lo que, en un mundo cada vez más globalizado, el Gº no puede sino “devolver” esa competitividad perdida a la industria básica que opera en España, propiedad de multinacionales prácticamente al 100%.

Y el sistema eléctrico vuelve a mostrar debilidades. Esta vez no por falta de potencia instalada sino por exceso de potencia no gestionable, no firme, por acumulación de compromisos y prioridades, por objetivos medioambientales sobreponderados, por presión creciente contra nuevas líneas, por regulación imprecisa y excesiva, y más cosas, con lo REE, nuestro Operador del Sistema, tiene que asumir riesgos crecientes para garantizar suministro en todo momento y condición y, a la vez, absorber proporciones record mundial de electricidad no firme en un sistema aislado.

Por supuesto las necesidades de REE y de la industria pueden no ser las mismas pero, a diferencia de los 80, ambas partes cuentan con mucha experiencia en gestión de demanda real y, muy importante, confianza mutua, por lo que es perfectamente viable mantener e impulsar el mismo doble objetivo, que las empresas, ahora prácticamente todas multinacionales, recuperen esa competitividad perdida y cuenten con España como país de inversión y exportación colaborando con el sistema eléctrico español y que éste, que seguirá aislado, resulte más ajustado, eficiente y seguro con gestión de demanda que sin ella.

En resumen, no nos olvidemos de que la electricidad no es un fin en si misma sino un factor de coste cuya regulación debe garantizar competitividad además de eficiencia medioambiental, que las perspectivas son de sobrecostes regulatorios específicamente españoles y que el sistema eléctrico español se enfrenta a retos difíciles para absorber los objetivos de electricidad renovable, luego una gestión de demanda eficaz sigue siendo punto de encuentro para ese pacto “competitividad-garantía de suministro” con el que el Gobierno “devuelva” competitividad en la regulación eléctrica a la industria a cambio de ayuda en la gestión del sistema eléctrico, que la necesita, porque no todo es corto plazo y potencia instalada.